Juicio político no puede ser usado como mecanismo al servicio del gobierno: jueces; respaldan a Crescencio Contreras

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respondió a la Secretaría de Gobernación sobre la presentación de una denuncia de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas.

“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al poder judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, se lee en el comunicado que publicaron en redes sociales.

El texto fue firmado por el director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Daniel Sánchez Montalvo.

Los juzgadores señalan que la denuncia de juicio político presentada por la Secretaría de Gobernación se basó en presuntas actuaciones irregulares del Juez Contreras Martínez que habrían favorecido a grupos criminales vinculados con delitos como el secuestro de migrantes en Tamaulipas.

El comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación detalla la causa penal radicada en el órgano jurisdiccional contra una persona, donde se llevó a cabo un cateo que resultó en el hallazgo de armas de fuego y sustancias ilícitas.

Sin embargo, se destaca que el juzgador, en la audiencia inicial, actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, considerando que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación sostiene que la decisión del juez se basó en los datos de prueba presentados, sin considerar criterios políticos ni presiones externas.

Además, se enfatiza que la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación respecto a actos relacionados con delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculos con el secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, es inexacta.