Perú envía al Ejército al foco de las movilizaciones contra el gobierno

Gobierno defiende ante la ONU su gestión por la crisis; bloqueos provocan escasez de combustibles y alimentos

LIMA. Perú ordenó que al menos 500 militares se trasladaran a la localidad de Puno, el principal bastión de manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte, para intentar mitigar una movilización que desde el 4 de enero ha tenido bloqueado al departamento.

Varios pobladores alertaron la preciencia de soldados que llegaban a pie desde el departamento de Moquegua, al sur, por lo que intentaron detener su paso sin éxito. Puno fue una de las primeras regiones en frenar todas sus actividades a través de bloqueos de carreteras y el intento de tomar el aeropuerto de Juliaca.

Hoy se encuentra en estado de emergencia tras la muerte de 22 manifestantes, enfrentamientos violentos y fuertes disturbios, por lo que el gobierno peruano prorrogó por 10 días el toque de queda.

Actualmente, el estado de emergencia se encuentra declarado en los departamento de Cuzco, Lima, Callao, Amazonas, La Libertad y Tacna, así como en Puno, donde también se han suspendido los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales.

Las movilizaciones sociales ya ha provocado la escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos en provincias del sur andino.

En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil Bolivia, se registra desabastecimiento de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera Interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.

Por la escasez, los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate.

Según las autoridades del Transporte, ayer había 85 piquetes bloqueando carreteras en nueve de las 25 regiones peruanas. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno.

Boluarte denunció durante una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) que el grupo indígena Ponchos Rojos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países.

Asimismo, hizo un llamado al Congreso para que apruebe “lo antes posible” un adelanto de las elecciones generales, en medio de la fuerte presión generada tras la peor ola de protestas en dos décadas.

Mientras que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno peruano aseguró que investigará posibles “excesos” de las fuerzas del orden en la respuesta a las actuales protestas, aunque defendió su gestión de la crisis.

La Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por el operativo policial organizado en un campus universitario de la capital en el que han tenido retenidos a varios manifestantes.

Fuente: El Sol de México