México destinará casi 5 mdd para defenderse en juicios comerciales

Entre las demandas a resolver están las de Ganfeng International, por el retiro de las concesiones mineras de litio en Sonora
La Secretaría de Economía (SE) contrató por hasta 4.9 millones de dólares —poco más de 100 millones de pesos— a dos firmas legales de Estados Unidos y Canadá para el apoyo en litigios comerciales en contra de México en materia de concesiones mineras, expropiación de terrenos e incluso en el pago de TV Azteca enfrenta desafíos financieros tras la emisión de bonos de deuda

Los despachos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP fueron contratados en un proceso de adjudicación directa por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional (DGCJCI) para proveer asesoría legal en materia de comercio exterior en Estados Unidos y Canadá respectivamente, así como en la solución de controversias entre los Estados que integran el T-MEC, la Organización Mundial del Comercio o en “irritantes comerciales” con ambos países, de acuerdo con los contratos consultados por El Sol de México en el portal de compras del gobierno federal, Compranet.

Por segundo año consecutivo, la SE contrató a estas dos firmas legales. A finales de 2023, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP recibió un contrato por un monto máximo de dos millones de dólares para la asesoría legal en el ejercicio fiscal de 2024.

En ese mismo periodo, Tereposky & DeRose LLP fue contratada por un monto máximo de 800 mil dólares para la “asesoría legal y asistencia técnica en materia de litigio internacional de arbitraje” en procedimientos internacionales activos en contra de México.

Los documentos de este año dan cuenta de que existen al menos 23 procedimientos de demanda contra México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.

ntre los arbitrajes hay demandas en materia de minería, extracción de petróleo, arrendamientos de buques y pago de bonos de deuda emitidos por TV Azteca.

El 27 de agosto de 2024, la SE informó que el Tribunal Arbitral del Ciadi resolvió a favor de México en un arbitraje iniciado en 2018 por un grupo de inversionistas de la Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V.

Los demandantes exigían más de 270 millones de dólares a México por una controversia en la renta de plataformas marinas de extracción de petróleo a Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2013 y 2017, sin embargo el Tribunal desestimó el caso al determinar que Oro Negro carecía de “legitimidad necesaria para presentar reclamaciones en contra de México conforme el TLCAN”, detalló un comunicado de la SE.

“Nuestro país fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP. Durante todo el arbitraje la Secretaría de Economía contó con el apoyo institucional de Pemex”, afirmó la SE.

Otro arbitraje que sigue activo contra México es el de los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus) y Contrarian Capital Management, L.L.C. (Contrarian) por la falta de pago de bonos de deuda emitidos por TV Azteca por más de 400 millones de dólares. De acuerdo con una tarjeta informativa de la SE publicada en octubre de 2024, varios acreedores iniciaron una serie de juicios contra la televisora en cortes de Estados Unidos desde 2022, a la par de que TV Azteca puso en marcha un juicio en México contra Bank of New York, la representante de los acreedores.

Posteriormente el Juzgado 63° Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una medida cautelar en favor de la televisora mexicana con el que se suspendió temporalmente el cobro de los montos adeudados por la empresa frente a sus acreedores.

Cyrus y Contrarian argumentaron que dicha medida cautelar fue violatoria del TLCAN y que afectó sus inversiones, por lo que reclamaron al Estado mexicano una indemnización de 220 millones de dólares.

La SE señaló que su estrategia legal está encaminada a demostrar que la controversia entre TV Azteca y sus acreedores no es imputable a México, por lo que su defensa “tiene como objetivo demostrar que el Tribunal del Ciadi no es competente para conocer del caso y, con base en ello, el caso debe ser desestimado”, agregó la SE en el comunicado.

El despacho legal canadiense, Tereposky & DeRose LLP, que pasó de una asignación de 800 mil dólares en 2024 a un monto máximo de 2.9 millones de dólares para 2025, será el encargado de asesorar a la defensa mexicana en la demanda de Bancanora Lithium Limited, Sonora Lithium Ltd y Ganfeng International Trading Co. Ltd., luego de que la Dirección General de Minas (DGM) cancelara nueve concesiones de litio en 2023 para operar el proyecto de minería de litio en Sonora.

La firma canadiense también ayudará en el arbitraje interpuesto por la empresa minera Coeur Mining Inc., que disputó la retención del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en marzo de 2020 ante el Ciadi por lo que exige una compensación de más mil millones de pesos, de acuerdo con una tarjeta informativa de la SE.

La empresa canadiense Goldgroup Resources, Inc (GG Resources) también mantiene un proceso de arbitraje contra México al considerar que no goza de los derechos de su inversión en la empresa DynaResource de México, S.A. de C.V. en 2011 ni de las ganancias en la operación del proyecto minero San José de Gracia, ubicado en Sinaloa. Por esta razón, la empresa solicitó una indemnización de cien millones de dólares a México en 2023, informó la SE.

El litigio entre la empresa Legacy Vulcan, LLC contra el Estado mexicano también integra la lista de controversias internacionales a resolver este año, luego de que en septiembre de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretara la expropiación de más de 50 mil hectáreas de los terrenos de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, para convertirla en un Área Natural Protegida.

La empresa señaló en un comunicado que el terreno “podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales. No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”, por lo que la empresa mantiene el litigio por casi dos mil millones de dólares contra México.

Fuente: El Sol de Mexico