Chihuahua, primer estado en lograr amparo contra distribución de libros de texto

“No vamos a permitir que el virus ideológico llegue a las escuelas”, afirmó el legislador Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que promovió el amparo junto a padres de familia

El representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso de ChihuahuaFrancisco Sánchez Villegas, anunció este miércoles que el Juez Cuarto de Distrito de esta entidad otorgó un amparo que ordena la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuito que la SEP ha otorgado para el nuevo ciclo escolar.

Esto, luego del amparo promovido tanto por el legislador como por padres de familia, quienes se manifestaron en contra de los libros para los estudiantes de educación básica.

Fue el juez Gabriel Pacheco Reveles quien ordenó la verificación de que se haya seguido el procedimiento legal para la determinación de los programas y planes de estudio necesarios para la elaboración de los libros de texto.

Si el Poder Audicial advierte que no se siguió el proceso legal, demanda que se impriman y entreguen los libros vigentes del ciclo escolar anterior, en tanto no se reparen las violaciones al proceso indicadas en la Ley General de Educación.

Lo dijimos claramente: no vamos a permitir que el virus ideológico llegue a las escuelas

Diputado Francisco Sánchez

El legislador del MC afirmó que “con este mandato jurídico le damos certeza a la decisión del Gobierno estatal para no entregar los libros en las escuelas de Chihuahua”.

Añadió que este proceso sobre los libros de texto es ilegal porque se hizo a espaldas de los ciudadanos y que son violatorios a los derechos de los infantes.

“Es una declaratoria de guerra contra la niñez”, afirmó el diputado, por lo que dijo que en Chihuahua hay hombres y mujeres que están dispuestos a “jugársela” por la defensa de sus hijos.

El diputado Sánchez Villegas presentó igualmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los responsables de la creación de estos libros, con el objetivo de que se investigue la posible ejecución de un delito, así como el uso ilegal de las funciones al interior de sus cargos públicos para introducir ideología y adoctrinamiento político en las escuelas.

Fuente: El Sol de México