César Duarte permanecerá otros seis meses en prisión preventiva; abogado interpondrá amparo

Juan Carlos Mendoza señaló que la última ampliación de prisión preventiva a César D. es “una imposición de una medida cautelar claramente inconstitucional”

Luego de que se ampliara seis meses la prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Horacio D., el abogado Juan Carlos Mendoza notificó que la próxima semana se interpondrá un amparo por tal motivo y además algunas denuncias administrativas.

Mendoza recordó que ya se tienen tres amparos interpuestos por las últimas negativas y resoluciones en el caso, y adelantó que en próximos días se presentará un amparo más por la reciente extensión en la prisión preventiva, amén de que presentarán más denuncias administrativas en contra de ciertos intervienes.

En este punto, precisó “quedó demostrado lo controvertido del médico que lleva el Ministerio Público, una persona que tiene una carpeta de investigación en su contra por parte de la Fiscalía, pero también tiene otras carpetas donde se le han archivado denuncias a él. Este médico tiene injerencia en al menos en seis carpetas penales, ya sea como supuesta víctima o bien como probable responsable”.

En principio –dijo-, la última ampliación de prisión preventiva a su defendido representa “una imposición de una medida cautelar claramente inconstitucional”, pues explicó que la Constitución y el Código Nacional señalan que en ningún caso, una persona puede estar en prisión preventiva por más de dos años sin que haya una sentencia firme en su contra.

En este sentido, recordó que el exmandatario está por cumplir tres años en prisión: dos en Miami, y uno en Chihuahua, tras una orden de aprehensión emitida por un juez de control.

“Han hecho un sofisma, creado una falacia de pretender hacer parecer que el proceso de extradición no tiene nada que ver con el procedimiento penal; por otro lado, no se revisaron las nuevas condiciones bajo las cuales César D. pueda enfrentar un proceso penal para responder a los hechos que se le señalan y no se toman en cuenta ni el arraigo, ni el derecho humano a su salud”, declaró.

Ante ello, el entrevistado destacó que con pruebas científicas plenamente demostradas en el Tribunal, se ha confirmado que su defendido tiene una cardiopatía complicada que pone en riesgo su vida. Aparte, detalló que se ha comprobado que en el Cereso no se tiene la capacidad de reaccionar a una emergencia cardiaca.

Asimismo, evidenció que entre los protocolos que pudieran existir, de llevarse a cabo en el mejor de los casos, tardarían de una hora y media a dos horas a poder ser trasladado a un lugar; no obstante, resaltó que la última vez que ex funcionario presentó una crisis cardiaca se tardaron tres horas.

“No se cuenta con una ambulancia, ni equipo médico para poder reaccionar, ni la capacidad de un médico especialista, es decir, mismo personal del Cereso aclaró frente al juez y a la Fiscalía que no pueden responder a este tipo de emergencias”, refirió el abogado.

Por otro lado criticó que durante la audiencia de este viernes, para asegurar que César Horacio no tiene arraigo, presentaron como elementos de prueba un reporte policial del 2019 y una ficha roja del 2017, esto es, no tomaron en cuenta ninguna nueva condición.

Expuso que el Ministerio Público reconoció en la audiencia que no tiene un solo bien embargado en esta causa penal, sin embargo, también reconoce que tiene más de 20 bienes asegurados, Mendoza manifestó que si su defendido no va a poder ser acusado por ninguna de las otras causas, “hay un reconocimiento claro de la ilegalidad de todos los bienes de los que ha sido privado, muchos de su dominio, y muchos de su posesión”.

“Con eso estamos evidenciando el actuar inconstitucional, el actual completamente ajeno a las normas, el actuar que tiene fines de toda naturaleza menos de esclarecer los hechos, menos de llegar a la verdad; con claras violaciones al debido proceso en todas sus dimensiones y vertientes que puede haber en un proceso penal”, agregó.

Así –apuntó-, no es posible que una persona pueda enfrentar debidamente un procedimiento penal.

Fuente: El Sol de México